sábado, 1 de junio de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (Y XXXIX)



 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias.

En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas provincias y ciudades a otras en un 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía las diferencias son del doble, y en el caso de algunas provincias andaluzas estas pueden oscilar entre el 100% y el 140%. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%.(González 1998: 220)

Esta situación, también lógicamente, repercutía en la productividad. Así, en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc.

Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados, no adquirían el material nacional, sino que por el contrario, lo importaban de Inglaterra y de Francia, no incumplían la ley y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, quedaba en España.

La tercera intentona carlista había fracasado en 1876, y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización del mundo laboral.

La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día, hecho que se acentuaría en los 1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo tanto como la conflictividad social. (Ruiz 2013: 27)

En ese sentido, en 1881 se inauguró la primera línea férrea en Puerto Rico… con capital británico (con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes)

En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en una nueva deuda, al 4 por cien de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que

En total, desde 1830 a 1900, la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público, colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas líquidas y transfirió un total de 348 millones de pesetas al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el Sexenio Revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. (López: 623)

Ninguna de las circunstancias señaladas pasada desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James M. Swank. (Secretario de la AISA), en su  Informe anual de la asociación, escribía en 1882.

Este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aún gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga; los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles: se van con los minerales.

 La situación llegó a al extremo…

el pago de los intereses de la Deuda pública y particular, motivó en el año 1883 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales del S. XIX. (Alonso 1995: 86)

Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crean nuevos problemas cuando intentan solucionar otros mientras vigilan que el movimiento no perjudique los intereses de sus protectores. Así…

La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional. (Ventoso 2014: 2)

Huérfana España de su legislación, de su industria, de su comercio, de su ejército de su marina, languidecía en la indigencia. En este momento y en base a la encíclica “Rerum Novarum”, la Iglesia da la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios y crea algo que, de haber perseverado en el empeño hubiese podido generar alguna solución: los Círculos Católicos Obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más cien gremios de labradores así como Escuelas Profesionales de Aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.
 
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lunes, 1 de abril de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXVIII)


ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley del 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8 por 100 de interés y 5% de amortización anual - es decir, veinte años- con la garantía del producto de la realización de los pagarés de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de Deuda Consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la Caja de Depósitos.

En cuanto a las aduanas, como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impusieron una segundas aduanas en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.

Con toda esta actuación, el estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París,  consiguiendo aplazar su vencimiento con unos nuevos intereses del 12 por 100, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando interés del 6 y 7 por 100. La Banca Bauer también negoció con el gobierno republicano, al entregarle 44 millones de reales al 9 por 100 anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén.

Cierto que la República tan sólo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron, fue patente.

La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapa un caso de corrupción:

estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3 por 100 interior presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el departamento de emisión de la dirección general de la Deuda Pública. (Toro 1997: 308)

¿Un caso de corrupción?... Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien, el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizás, el primer motor del sistema. Las dependencias de potencias extranjeras, manifiestas, en este sentido no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia… pero eso no basta para aseverar que era corrupción.

Quién sí queda ciertamente retratada es la regente Maria Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos.

Todas estas maquinaciones económicas, evidentemente, tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la Restauración en 1876, equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado.

En 1876, la Deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas (cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas). A lo largo del período de 1850-1890 -40 años- el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la Deuda pública, el 32.3%: el equivalente a 8.270 millones de pesetas. (González 1998: 217)

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viernes, 1 de febrero de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXVII)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia, y como hemos señalado, la venta del subsuelo era, en el momento de producirse, ilegal, pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas.

La Ley de Minas de 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales. Las minas  fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras.

Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander, por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona. En 1871 la empresa inglesa The Cantabrian Iron Cia. creó en Sestao el primer alto horno (San Francisco), el éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, así surgen la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A.

Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo; así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873.

Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873 (año de la primera república) las arcas del estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores, y para solucionar el problema, las cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos conceptos: Importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes…y finalmente sobre los huecos de las fachadas (puertas, ventanas), fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante.

¿Qué impuestos extraordinarios se crearon?: el llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a Ultramar, y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado, al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matriculas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello, tuvieron que contribuir en este caso de modo excepcional.

Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% el hierro y la hulla, y con un 5% el resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879 cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre entre Chile por una parte (con apoyo subrepticio británico, incluida la armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas), y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiado: Inglaterra.

Además, los Ayuntamientos tenían que entregar el 5% de su presupuesto de ingresos, pudiendo elevar éste en la cantidad del impuesto.

Pero si los políticos tienen una virtud es la de encontrar ocasión para sacar dinero, así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades; así un coche de dos caballos o más, en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes.

El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que, extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual  todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la puerta de Madrid pagaba ocho pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1000 habitantes pagaba una.

Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión.
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sábado, 1 de diciembre de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXVI)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX


Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter toda la Hispanidad, salvaba la piel de los políticos, que entregaban España, atada de pies y manos, a sus enemigos (los de España), si bien a sus amigos o amos (los de los políticos). La dependencia económica seguía su curso: El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado… en Londres. Al propio tiempo, quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlanger y Cia., siendo que, como anticipasen cinco millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%.



Pero como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad… Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores.
La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente dada la reiteración del acontecimiento,

el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años de 1870, que termina controlando, y con una vocación cuasi colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, de casi subsistencia, y una tributación ridícula. (González 1998: 202)

¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto? En 1870 firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.

Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quién en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Rio Tinto. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.

Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. Tres años antes el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época establecido en 92,8 millones de pesetas. El negocio se consumo con el traspaso a un consorcio ingles organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson (c. 1820-1898), que constituyo la sociedad The Rio Tinto Company Ltd (en adelante, RTCL) para la explotación de los yacimientos. Fue una operación inusual ya que en la minería española hasta entonces se explotaban “concesiones” que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en 1873 se produjo la venta del conjunto (cerca de diez mil hectáreas) de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. (Martinez 2014: 3)

Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aún a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias, por ejemplo…

La emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las 'teleras'
emitían, un método prohibido en su país a mediados de siglo, provoco la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de RTCL. En pleno auge minero llego a calcinarse más de dos millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. (Martinez 2014: 6)

La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen, siendo que en 1888 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles saldaron con la muerte de doscientos manifestantes de Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina ¡que exoneraba de culpabilidad a los británicos aseverando la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos! La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada.

Y es que la Rio Tinto Company Limited, era una sociedad inglesa que funcionaba, no con arreglo a la legislación española sino con arreglo a la legislación británica.

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lunes, 1 de octubre de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXV)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Otros sectores, como el textil hicieron que la ciudad de Barcelona pasase de tener unos 100.000 habitantes el 1808, a cerca de 200.000 el 1868, en buena parte debido a la llegada e un gran número de inmigrantes atraídos por las oportunidades económicas que podían encontrarse en la ciudad.

Toda esta actuación reportaba otras consecuencias de carácter de confianza en la propia iniciativa.

A estas alturas de siglo, la propaganda europeizante había hecho mella en la sociedad de una manera significativa hasta el extremo que los principios éticos que habían posibilitado la preeminencia de España durante tres siglos, y con ella la supervivencia de grandes núcleos de población a lo largo del mundo, se hubiesen venido estrepitosamente abajo, ocupando su lugar un complejo de inferioridad que se incrementaría con el desastre de 1898 para continuar creciendo sin solución de continuidad hasta hoy mismo.

Y todo ello comportaba otros aspectos, como la difusión del relativismo. En ese sentido,  en 1868 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza.

¿Qué significaba esta medida si la unimos al complejo de inferioridad que acabamos de señalar?; en primer lugar, que las teorías del liberalismo económico, propagadas en las aulas, en los ateneos, en las reuniones públicas como única verdad, acabarían representando una insuperable rémora social que llevaría a despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo sin previo análisis, a la envidia de todo lo extranjero por el mero hecho de serlo, y a la aceptación de la tiranía, mejor si venía de la mano del capital extranjero, y a la proletarización y a la ruina de medios de producción nacionales.

El poder ejecutivo no se quedaba atrás en la siembra de ese complejo, así desde su dependencia absoluta de potencias extranjeras, llevan a afirmar a Castelar que Europa:

…viéndonos más atrasados que Rusia, nos cuenta por uno de los pueblos perdidos para la libertad y la civilización, y nos entrega al ludibrio de todas las razas, a triste desprecio y humillante olvido. (Castelar 1870: 3)

En este orden de cosas, que venían desarrollándose durante la práctica totalidad del siglo XIX, se vio recrudecida en los últimos años de la década de 1860 con la crisis económica extranjera, así, la deuda pública llegó a pagarse a un 20%, mientras el avance de las sociedades extranjeras se hacía aún más evidente.

En el marco de los minerales de cobre andaluces, la presencia de intereses franceses y británicos en Huelva data de la década de 1850, decantándose la balanza por el lado inglés, que se concretará en la emblemática Tharsis Sulphur & Copper Co. (Pérez de Perceval 2012: 85)

Evidentemente, estas acciones no repercutieron en un beneficio que pudiese ser detectado por el pueblo, que durante el año 1868, el año de La Gloriosa, y hasta 1872, padeció el periodo más duro de la crisis.

Con una consideración a tener en cuenta: En los momentos más duros padecidos como consecuencia de la crisis económica, el año 1869 se creó una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía y de los inversores extranjeros. Una de las medidas sería la creación de la peseta, mientras con la Ley de Minas se procedió a la desamortización del subsuelo, cuyo producto sería objeto de la misma dilapidación que anteriormente sufrió el producto de las desamortizaciones eclesiástica y municipal.

Con la desamortización del subsuelo

Se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. (Vicens 1997: 64)

Y debemos considerar que entre 1861 y 1910 España aportaba casi la octava parte del plomo mundial y casi la tercera parte del cobre mundial.



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miércoles, 1 de agosto de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXIV)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Y mientras, ¿en qué situación se encontraba el pueblo?

1855 se inaugura con un invierno tan duro que al cabo de los dos primeros meses se anuncia que tan sólo en Madrid han muerto más de dos mil personas de frío. Al mismo tiempo los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y, aunque por comparación con el resto de Europa, azotada por severos temporales, España obtiene mejores resultados y granos para la exportación, la carestía no se hace esperar en el interior del país. (Urquijo 1981: 20)

La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 permitió que se establecieran en España tres grandes instituciones: el Crédito Mobiliario Español, que originaría la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial, del grupo financiero de los Rotschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España, del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en este sector descendió mucho, y a partir de 1882 la participación extranjera fue menor. De las inversiones el 60% provenían de la economía francesa.

Gran capacidad legislativa, no cabe duda, que sin embargo no repercutía en la solución de los grandes problemas de financiación y ahondaba en el endeudamiento externo, en la dependencia de intereses ajenos a España, mientras los gestores de esos interese en España, los políticos, generaban enormes bolsas de personas dependientes del erario público.

Al respecto, Aparisi Guijarro manifestaba en 1859 que la deuda pública era de catorce millones de reales, y señalaba:

En España hay muchos partidos; los partidos están divididos en facciones; cada una de estas tiene al frente hombres notables; y apenas nace un ministerio, cuando se le ataca, se le hostiga, se le enflaquece, y al final se le derriba: el vencedor ocupa el puesto del vencido; y ya se ve, ha de pagar servicios, proteger afiliados, aumentar prosélitos; de aquí dejar cesantes, crear nuevos empleos, recargar tributos. (Aparisi 1859: 7)

Los males económicos, endémicos, se recrudecían en estos momentos. Se había conocido un crecimiento que tocó techo el año 1864, cuando se colapsó la actividad industrial y comercial. Nuevamente la casa Rothschild estaba ahí para salvar la situación.

Los problemas del Gobierno español en materia económica venían determinados por las grandes cantidades de dinero que se habían pagado y continuaban pagándose en concepto de subvenciones a los contratistas de Ferrocarriles. Las obligaciones del Gobierno para con los contratistas se habían estimado según el precio de mercado. Este precio estaba regulado por los de otros valores públicos producidos en el mercado y era fácilmente comprensible lo que sucedería si las obligaciones fueran admitidas a la libre circulación en las Bolsas europeas. Todo esto se traducía en un aumento de la Deuda permanente, sin ninguna necesidad y sin obtención de ventaja alguna. (Alonso 1995: 108)

En esta situación, para 1866, se destapaba por fin la crisis agraria y financiera, como continuación de la crisis industrial catalana, iniciada en 1862. La crisis del ferrocarril ocasionó la crisis bancaria, anticipo de la crisis general de 1867 y 1868, ocasionada por las malas cosechas y el paro, que significó carestía en los productos básicos, que vieron multiplicarse por seis sus precios.

Para 1868, en toda España, las compañías mineras extranjeras controlaron en torno al 20 % de la superficie y del número de concesiones demarcadas.

El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería se incrementó gracias a la Ley de Bases de marzo de 1868, por la que se podían conceder minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado.



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viernes, 1 de junio de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXIII)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Pero es que la gestión de los caudales públicos, atendida por los liberales desde el mismo reinado de Fernando VII, hizo que, como viene siendo habitual hasta ahora mismo en el régimen que entonces se instauró y hoy pervive, hacía que los gastos superasen con creces a los ingresos, siendo que

En Julio de 1854 se encontró la nueva situación con catorce mil reales no completos por toda existencia en el Tesoro, con un presupuesto de gastos de 1,800 millones y con un déficit considerable por descubiertos en los ejercicios económicos de los años anteriores. (Orellana, II: 544)

Es el caso que los gobiernos liberales, hábiles en el despilfarro improductivo, no cesaban en estos momentos en la generación de legislación, no toda inútil, y en no pocas ocasiones francamente buena si hubiesen tenido capacidad intelectual para desarrollarla.

Así, en ese trabajo que en ocasiones nos preguntamos si son palos de ciego que en ocasiones aciertan, en 1851 se dio el primer Plan General para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer una red radial que tuviera como centro Madrid, siguiendo y reforzando la idea centralista propia del liberalismo español. Pero el verdadero impulso a la construcción de una red de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, dentro del programa de modernización económica defendido por los progresistas. Se pretendía imitar el ejemplo europeo. El ferrocarril fue el medio de transporte fundamental en el siglo XIX por sus ventajas: capacidad de carga, velocidad, seguridad y disminución de tiempos y costes. Además, se pensaba que la red estimularía a la industria, como había ocurrido en la Revolución Industrial inglesa.

Con esos objetivos, los gobiernos del momento promovieron una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados, en más de una ocasión, a fuertes grupos financieros, como fueron, por ejemplo, los Prost, Rothschild y Pereire, y se abrieron nuevos bancos: el de Bilbao, el de Barcelona y el de Cádiz, dando lugar al desarrollo industrial.

El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de altos hornos y fundiciones de metal. (Vicens 1997: 62)

A lo largo del siglo XIX las exportaciones a Francia y a Inglaterra oscilaron entre el 45 y el 70 por 100, y las importaciones entre el 35 y el 60 por 100. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española; cuando estas economías ralentizaron su crecimiento, especialmente a partir de 1873, la economía española, dada su dependencia, se resintió gravemente.

Al amparo de la Ley general de ferrocarriles de 1855 se crearon unos 5000 kilómetros de red ferroviaria. El año siguiente quedaría paralizada la extensión de líneas merced a la crisis financiera, que iría incrementándose hasta 1866, cuando los inversores exigieron subvenciones al gobierno.

Los ferrocarrilles así, además de paralizados en su expansión, quedaron monopolizados por empresas de capital extranjero (sobre todo francesas y alemanas) como los Pereyre (Cia. de ferrocarriles del Norte), los Rotschild alemanes (MZA: Compañía Madrid-Zaragoza Alicante) y los Prost («Ferrocarriles andaluces y del Oeste»).

Ya en 1877, la Ley General de Ferrocarriles fomentó la ampliación de la red, que llegó a duplicarse en el último cuarto del siglo XIX, permitiendo, además, que la presencia de capital español en el ferrocarril fuera mayor.

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viernes, 4 de mayo de 2018

EL DERECHO DE INDIAS (Y 11)

EL DERECHO DE INDIAS (11)

No habían pasado cuarenta años, cuando por la Ley VI, Libro III, Título VI, Felipe II, en 1593, ordena: “Todos los obreros trabajarán OCHO HORAS CADA DÍA, cuatro en la mañana y cuatro en la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del Sol, más o menos lo que a los Ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación”. Esta ley es tan sorprendente cuando se ve que con 370 años de anticipación, la Corona de España reglamentó el trabajo de ocho horas, y que hoy se la tiene como una conquista de los pueblos civilizados y de los movimientos obreros a nivel mundial, en las Constituciones moderna y en los Códigos del Trabajo. Resalta además el aspecto de la previsión social, cuando ordena que “también se atienda a procurar su salud y conservación.”

En cuanto a la situación de los negros, que habían llegado en régimen de esclavitud, su situación era de laxitud y de unos derechos amparados por el “defensor de esclavos”. Los esclavos podían comprar su libertad de forma relativamente fácil. “Es de señalar en su estructuración el que a las víctimas les era relativamente fácil comprar su propio pase, su libertad, y que en caso de malos tratos continuados podían pedir al ‘protector de esclavos’ el ser vendidos a otro dueño, aspectos no vistos en las otras naciones, por lo cual los esclavos fugados de ellas frecuentemente buscaban refugio en el área hispánica.”  lo que finalmente llevaría “a una serie de disposiciones fechadas en febrero de 1795, mediante las cuales se autorizaba a los mulatos a asumir cargos públicos y religiosos antes reservados a los criollos.”  Algo que la oligarquía criolla no llegó a asumir.
   
A este respecto hay que volver a señalar que la esclavitud de negros se instauró por acción directa de Fray Bartolomé de las Casas, que se impuso a la voluntad de la Corona, representada en esos momentos por el Cardenal Cisneros, apoyado por Juan de Solórzano.

En cualquier caso, señala Gerardo Gil Abarca que la esclavitud “estaba oficialmente reconocida, si bien mucho menos extendida de lo que se supone…/….Para 1810, poseer esclavos era más que nada un símbolo de estatus social, antes que una necesidad económica indispensable de mano de obra barata. Los esclavos eran empleados principalmente en el servicio doméstico y no tanto en el sector productivo, y representaban apenas 2% de la población total.”

Lo que parece evidente a la vista de la legislación es la existencia de un celo, a veces excesivo, por respetar los derechos de los indios. Cierto que la preocupación del legislador era porque los beneficiarios de la ley atendiesen las obligaciones religiosas; algo que jamás fue ocultado sino más bien proclamado… y cierto también que ello conllevaba parejo lo que hoy, un sindicalista entendería como derechos laborales. Lo que sería curioso es conocer lo que dirían los críticos, si esa ley, por ejemplo, en vez de hablar del respeto religioso por los domingos y fiestas de guardar, hubiese regulado el derecho laboral al descanso dominical y de las fiestas de guardar…

Pero es que, como venimos observando, las leyes atienden una pléyade de cuestiones siempre relacionadas con el bienestar de los administrados. A nadie le resulta extraño que el trabajo de la mina es duro. Esa dureza comporta graves consecuencias a los trabajadores de las minas. Y el régimen jurídico español atendía esas circunstancias; así “el elevado porcentaje de mortalidad de la población aborigen que trabajaba en las minas, obligó a la Corona a expedir la Real Cédula del 7 de junio de 1729, en la cual se exoneraba a los indios del servicio de Mita.”

Y en cuanto al trabajo agrícola de los indígenas, alguien tan poco dudoso de hispanismo como el barón de Humboldt expresó: “El labrador indio es pobre pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de Europa Septentrional… más feliz hallaríamos quizás la suerte de los indios si la comparamos con los campesinos de Curlandia, de Rusia y de gran parte de Alemania del Norte.”  Y se cuidaba muy mucho de hablar de la situación de los labradores británicos, que justo en los momentos en que escribía Humboldt eran expulsados de sus predios por los latifundistas y condenados a la miseria en unas ciudades británicas inmersas en la Revolución Industrial, donde corrían el riesgo, nada lejano, de ser condenados, por ejemplo, a los presidios de Australia, donde eran trasladados en condiciones absolutamente inhumanas, eso sí, siendo que, si llegaban con vida a su destino, tenían libertad para cazar aborígenes, de acuerdo con las premisas darwinianas que garantizaban la superioridad de unas razas sobre otras.

Contrariamente, las medidas laborales de resguardo de los intereses de las capas más desfavorecidas de América llegaron a provocar, ya en el siglo XIX “el tremendo ambiente en contra de la ‘tiranía de Madrid’ de cuyo seno se nutría el joven Bolívar, ya que su familia era de las más opulentas de la Provincia de Caracas, tal vez la única del virreinato en la cual el 1,5% de la población monopolizaba casi todas las áreas cultivables y muy bien explotadas.”

Todas estas cuestiones fueron las que la oligarquía criolla quería eliminar, y para hacerlo no quedaba otra opción que romper con la Monarquía Hispánica aunque ello significarse hipotecar todo un continente a los intereses espurios de potencias depredadoras. “La burguesía criolla aspiraba a tomar el poder porque el gobierno significaba el dominio de la aduana, del estanco, de las rentas fiscales, de los altos puestos públicos, del ejército y del aparato estatal, del cual dependían las leyes sobre impuestos de exportación e importación. El cambio de poder no significaba transformación social. La burguesía criolla perseguía que los anteriores negocios de La Corona pasaran en adelante a ser suyos. De allí el carácter esencialmente político y formal de la independencia.”  Pero al cabo sí representó transformación social… llevando a grandes núcleos a la miseria y a la explotación.

No podían tener otro objetivo porque, como señala Jorge Núñez,  la mayor parte de la riqueza producida en la América española se invertía en su mismo territorio en gastos de defensa y administración, construcción de infraestructuras, pago de obligaciones oficiales, adquisición de abastecimientos para la industria minera, etc. y el tesoro remitido a España equivalía apenas a un 20 por ciento del total.

Por otra parte, en el inmenso Imperio Español, si bien sometido a las mismas leyes, éstas se desarrollaban de acuerdo a lo resultaba idóneo en cada lugar. Por ejemplo, “la Nueva España suponía un espacio geográfico caracterizado por un gobierno con carácter estable, y como consecuencia de esa estabilidad, se sustentaba con un perfil de idoneidad para con sus funciones, con una economía rica y bien distribuida sobre la base de una sociedad multirracial, la cual podía disponer para sí de una considerable movilidad social.”

Baste lo señalado como mínimo resumen de la actuación legal sobre la encomienda, que estuvo en vigor hasta la separación de los reinos hispánicos de América, donde en épocas previas a la gran asonada se produjeron una serie de crisis agrarias en 1793-1794, 1797-1798 y 1803-1805.

La legislación de Indias, y su consiguiente aplicación posibilitó que hoy, en el siglo XXI, y en lo que en su día fue Imperio Español, podamos contemplar una geografía humana que ni por asomo puede ser encontrada en el mundo anglosajón, donde como mucho podemos encontrar algún zoológico (reserva) con alguna muestra indígena. En el mundo hispánico no hay más que ver cómo hay indígenas que hubiesen preferido haber sido masacrados por los británicos antes que conquistados por los españoles. También eso es cualidad propia del mundo hispánico.

Abona esta afirmación los estudios de personas anglosajones, como James Brice, quién afirma que: "En la América española no hay, pues, problema de razas, lo cual es un bien y un mal. Es un bien, porque no se dan los abusos que en la América inglesa, y es un mal, porque los indígenas, con iguales derechos políticos que los colonos, constituyen un obstáculo enorme para el desenvolvimiento de estos países, cuyos destinos serían muy otros si la población fuese homogénea"  De donde se deduce que el concepto de desarrollo, para algunos, pasa por el exterminio de otros, y además, no obedece a la realidad en ningún punto dado que la España americana, como señalamos en otros capítulos de este trabajo, era a finales del siglo XVIII y principios del XIX lugar donde el progreso, la cultura, la paz  y el desarrollo económico anunciaban un futuro áureo para la América que fue impedido por la acción decidida de la Gran Bretaña y de sus agentes, los conocidos como “libertadores”.
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domingo, 1 de abril de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXII)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Es también en esta época cuando se adoptan las actuales normas de pesos y medidas, que a 2016 todavía no han sido adoptadas por algunos países.


La Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849 introdujo en todos los dominios de España un sistema decimal de pesos y medidas cuyas unidades básicas eran, respectivamente, el kilo y el metro. Se adoptaba así un sistema uniforme, de acuerdo con el modelo implantado por vez primera en Francia en 1795. Bélgica y Holanda fueron los primeros países en seguir el ejemplo francés, en 1816, que, después de España, fue también adoptado por Portugal (1852), Italia (1871) y el Imperio alemán (1872). (Tedde)
El año 1850 se puso en marcha el servicio oficial de telégrafos.

En 1850, según nos señala Leandro Prados de la Escosura en El progreso económico de España (1850-2000), se produjo la máxima aproximación, en el período por él analizado, al grupo de los ocho países más ricos de Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suecia-: un 91,0 por 100. En 1860 seguía prácticamente igual: un 90,5 por 100; pero en 1870, en pleno Sexenio Revolucionario, había caído al 75,8 por 100. (Velarde 2005)

La involución, así, quedaba manifiesta. Quedaba ya lejos aquel 1820 cuando sin discusión eran las Españas las más ricas. Y lo que resulta más doloroso: no es que los otros países surgidos tras la explosión de la Patria Hispánica continuasen ocupando los más destacados puestos; bien al contrario ya no eran sino factorías que suministraban las materias primas, en condiciones de sumisión absoluta a la voluntad de sus colonizadores, principalmente británicos, que veían cumplidas finalmente las expectativas por las que habían luchado durante siglos a base principalmente de la piratería.

En 1850, la renta por habitante estaba próxima al 90% de la renta per cápita conjunta de británicos y franceses; veinte años después, dicha proporción había caído al 75%. La producción industrial en España experimentó un avance indudable entre 1840 y 1870: el producto industrial aumentó en ese período a una tasa anual media del 2,7%. Según los especialistas en historia industrial, el crecimiento de la década de 1840 y 1850, puede caracterizarse como arranque de la revolución industrial. (Tedde)

¿Y en el resto de las Españas? Ese es capítulo digno de ser tratado, no en capítulo aparte sino en trabajo aparte. Los virreinatos americanos, que a finales del siglo XVIII eran los territorios que gozaban de mayor libertad y prosperidad del mundo, estaban en estos momentos, medio siglo después de haber sido desgajados y colonizados, en el más absoluto subdesarrollo.

Sólo señalar que tan sólo dos años antes, el dos de febrero de 1848, era firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía los territorios de Nuevo México y la Alta California, aproximadamente 2, 378,539.45 kilómetros cuadrados de territorio, como consecuencia de haber perdido la guerra iniciada dos años antes.

Pero centrémonos en el asunto que concierne a este capítulo. ¿Qué pasaba en el trozo de las Españas que había quedado desgajado en la vieja Europa?

Hemos visto que el endeudamiento, el sometimiento y la entrega sin condiciones a los intereses británicos venía siendo efectivo, como mínimo, desde la conocida como “Guerra de la Independencia”; anteriormente se había seguido la misma marcha con relación a Francia… Pero ahora la situación era peor, porque no había forma de satisfacer la deuda externa.

No obstante el largo período de tiempo transcurrido desde 1828 hasta el año 1851, exactamente 23 años, los acreedores Ingleses no habían conseguido recuperar los 60 millones de Deuda, por lo que Howden volvió a reclamar al Gobierno español esta gran cantidad de Deuda, resaltando el gran lapso de tiempo transcurrido y el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados por parte española; por contra, hizo hincapié en la gran moderación mostrada por los súbditos ingleses en sus continuas reclamaciones. (Alonso 1995: 99)

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sábado, 24 de marzo de 2018

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX (10)

 

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX


Carlos Marx, en su referencia de 18 de julio de 1854, señala que las noticias del levantamiento de Vicálvaro indicaban que la finalidad secreta del levantamiento era declarar vacante el trono, unificar la península en un solo estado y ofrecer la corona a Pedro V, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha.



El solícito interés que el Times se toma por la insurrección española y la presencia simultánea del mencionado Don Pedro en Inglaterra parecen revelar, en efecto, que hay en juego alguna nueva trapicería de la casa de Coburgo. (Marx 1978)

Pero parece un poco peregrina esta afirmación, pues a la postre hubiese ido contra los intereses británicos, que sin lugar a dudas vieron placenteramente cómo el 29 de julio entraba Espartero en Madrid entre aclamaciones, a las que respondió:

Me habéis llamado, madrileños, para afianzar para siempre las libertades patrias. Aquí me tenéis; y si alguno de los enemigos irreconciliables de nuestra sacrosanta libertad intentase arrancárnosla, con la espada de Luchana me pondré al frente de vosotros, de todos los españoles, y os enseñaré el camino de la gloria. (Orellana, II: 515)

De la Vicalvarada, como de tantos otros acontecimientos en este largo siglo XIX, podemos finalmente sacar, para empezar, un par de conclusiones: la primera, que al fin, no resultó otra cosa que una nueva jugada de los intereses británicos en España; la segunda la señala Luis Vives:

El episodio de la Vicalvarada (1854), un pronunciamiento de abolengo liberal, entrañó una consecuencia inesperada: la brusca aparición de las masas urbanas en la escena política española, en un movimiento cuya amplitud sólo puede medirse por el precedente de 1808. Esto dio lugar a una nueva y breve experiencia progresista, reflejo del movimiento democrático europeo de 1848. (Vicens 1997: 61)

Algo que acabaría gestando el más esperpéntico de los acontecimientos de un siglo rebosante de esperpentos: La primera república y la Revolución Cantonalista de 1873.

Lógicamente, a pesar de su importancia, no sería la revuelta de Vicálvaro algo definitivo para calmar la situación. Nueve meses después de la Vicalvarada,  señalaba el periódico La Soberanía Nacional, de 28 de marzo de 1855:

"Hace dos noches que está la tropa sobre las armas. La de caballería tiene ensillado y pronta a montar a la primera orden.
Ayer durante todo el día corrieron rumores de próximas asonadas preparadas por los moderados y los absolutistas. La oficialidad de la mayor parte de la milicia pasó anoche a ver a sus respectivos comandantes, para significarles lo descontenta que se halla con la marcha del gabinete origen de todas las alarmas y de todos los temores" (Urquijo 1981: 26)

En julio de 1856 se produjo la primera huelga general en España, a la que sucedieron sublevaciones armadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Jaén, Teruel, Alicante y Murcia, y que mantendrían la oposición al nuevo gobierno de Leopoldo O’Donnell. Durante los cortos meses de gobierno de O’Donnell, se producirían fuertes tensiones sociales, huelgas y represión de los huelguistas, lo que produciría encarcelamientos, destierros y ejecuciones.

El 14 de julio de 1856 era depuesto Espartero mediando un golpe de Estado, protagonizado por el general Leopoldo O'Donnell y la Corona, mientras la milicia nacional se hacía dueña de las calles. Dos días de terrible lucha, durante los cuales, el 15 de Julio de 1856, el general Serrano bombardeó el palacio de las Cortes, dieron por fin el triunfo á O'Donnell que disolvió las cortes y abolió la milicia nacional y restableció la constitución de 1845, quedando anulado el estudio del nuevo texto constitucional.

Una generosa proliferación de fusilamientos asentó el nuevo gobierno.
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domingo, 4 de marzo de 2018

EL DERECHO DE INDIAS (10)

EL DERECHO DE INDIAS (10)

Esta legislación sería extendida a los dominios de Portugal cuando éste perfeccionó la corona hispánica. “Entre los años 1580 y 1640, la Corona de los Austrias reinó también sobre el reino de Portugal, y por ende, de Brasil. La Corona portuguesa no había iniciado una reflexión acerca de la humanidad de los indios; por ello, la esclavitud era posible en el Brasil. En cambio, en el reino de España, esta reflexión ya tenía tradición de más de un siglo. Eran frecuentes, por lo tanto, las incursiones de los portugueses en tierras españolas, especialmente en la zona de los guaraníes, para capturar indios para reducirlos a la esclavitud. Muchas veces, los guaraníes se refugiaban en las Misiones jesuíticas. La unión de los dos reinos implicaba, en la práctica, la sumisión de Portugal a España, y por ende, la imposición de las leyes españolas en lo que respecta a la esclavitud de los indios.”



La legislación sobre el indio no mermó en los tiempos siguientes; así, Felipe III, en 1620, ordenaba: “Mandamos que ningún Ministro de nuestras justicias de cualquier parte de las Indias sea osado á ir, ni enviar a las iglesias á hacer averiguaciones con los indios cuando van las fiestas á oir misa, si deben alguna cosa, ó han dejado de servir ó cumplir con sus obligaciones, pena de que la persona que contraviniere, aunque lleve provisión particular de cualquiera de nuestras audiencias, incurra en perdimiento del oficio que tuviere, siendo suyo, y de la deuda que se debiere y fuere á averiguar; y no lo siendo, en otro tanto valor, y que sea desterrado del lugar y provincia.”

Los derechos eran amplios y generalizados. Así, “Covarrubias afirma que los indígenas tenían derecho a la verdad y la cultura, sin que ello fuera, para los españoles, causa justa para la guerra. También que los reyes estaban obligados a instruir y formar a los indios.”   Y había más, pues según señala Juan Cruz Monje Santillana: “Domingo de Soto proclamó el intercambio de ideas a través de la enseñanza como medio de extender la cultura, y todo esto se formuló en España en el siglo XVI” 

Pero no se trataba sólo del derecho a la verdad y a la cultura. De las Leyes de Indias podemos deducir también la creación del Derecho del Trabajo.

Hablar de derecho laboral en el siglo XVI puede resultar cuando menos curioso a una mente del siglo XXI, pero no hay más que echar mano de la legislación generada durante el Imperio Español para determinar que en éste, como en otros aspectos, España se adelantó a Europa, por lo menos, en cuatro siglos.

Leyes que, como señala Juan Cruz Monje Santillana, “constituyen un texto legal para proteger al indio a partir, y ésta es una de sus novedades trascendentales, del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad.”

Las Leyes de Burgos de 1512 se encargan de mirar por las condiciones humanas del trabajo de los indios. Es aquí donde se desarrolla el derecho laboral. No ya como un derecho material, sino como un derecho propio de personas, de seres portadores de valores eternos que no se pueden medir en resultados económicos, supeditado a los principios superiores, que eran los que se acometían en los artículos 2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15 y 20 de las mismas, anteriormente citados.

En lo tocante al aspecto laboral, en el artículo 9 se prohíbe utilizar a los indios como animales de carga; en el artículo 11 se marca el periodo de trabajo que debían cumplir los indios en las minas, consistente en cinco meses de trabajo y cuarenta días de descanso; en el artículo 16 se impone la concesión de baja por maternidad a partir del cuarto mes de gestación y hasta que el niño cumpliese 3 años; en el mismo artículo se prohibía el trabajo de los menores de catorce años; en el artículo 22 se prohíbe el maltrato, tanto físico como psicológico…

Y para controlar el buen funcionamiento, el artículo 27 instituía dos visitadores en cada pueblo, encargados de controlar estrechamente el cumplimiento de lo ordenado mediante visitas “sorpresa” a las encomiendas, siendo que por el artículo 32 se sometía a control bianual a los propios visitadores. ¡Cuántos trabajadores en el mundo de 2015 desearían tener una legislación parecida!

Hemos señalado una legislación laboral que en muchos puntos del globo sería atendida cuatrocientos años después, y en otros, más tarde, siendo que en algunos aspectos aún hoy tienen que avanzar para alcanzar el espíritu de las Leyes de Burgos.

Pero es que la preocupación por los asuntos laborales se manifiesta nuevamente en 1556, cuando se publicaron nuevas instrucciones en las que señalaba: “Mandamos que los domingos y fiestas de guardar no trabajen los indios, ni los negros, ni mulatos, y que se dé orden que oigan todos misa y guarden las fiestas como los otros cristianos son obligados, y en ninguna ciudad, villa ó lugar los ocupen en edificios ni obras públicas, imponiendo los Prelados y Gobernadores las penas que les pareciere convenir á los indios, negros y mulatos, y á las demás personas que se lo mandaren, lo cual se ha de entender y entienda en las fiestas que, según nuestra Santa Madre Iglesia, Concilios provinciales ó sinodales de cada provincia, estuvieren señaladas por de precepto para los dichos indios, negros y mulatos.
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jueves, 1 de febrero de 2018

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXI)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Pero ni el plomo ni ningún otro producto natural sacaría a España de la situación de postración. La crisis económica acabaría en dos años con el recientemente creado Banco de Isabel II, que sería absorbido por el Banco de San Fernando el año 1846

Crisis financiera que no era exclusiva de España, sino que tenía carácter internacional. No obstante, no era sufrida la crisis por todos en la misma medida; así,

el 13 de julio de 1847, apareció en el periódico «Times» un artículo que decía: «Anuncio nuevo empréstito español de 100 millones de reales, sin producir ninguna alteración material en el valor de los fondos peninsulares, quedando estacionario durante el día» (Alonso 1995: 88)

Todo sucedía cuando el gobierno liberal de España no podía atender la amortización de la deuda anteriormente asumida, lo que ocasionó una sucesión de insultos hacia España procedentes de todos los ámbitos británicos, que llegaron a insinuar la posibilidad de una guerra, mientras por otra parte suavizaban la situación al tiempo que consolidaban su posición de dominio.

Pero la evolución continuaba sin remedio… En 1848 comienza a funcionar el primer alto horno de coque, y en 1855 se funda la sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización va unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel. En Cataluña la industria textil, atrayendo gran cantidad de inmigrantes.

En Asturias, la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres, en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan sólo un año. En 1852 de nuevo entró en funcionamiento, ahora con capital francés.

En ese proceso, España no hacía sino facilitar la colonización eliminando las cargas arancelarias y abriendo crecientemente las puertas a la entrada de capital extranjero.

Bajo esa sumisión acaba inaugurándose en 1848 la línea ferroviaria Barcelona-Mataró y se desarrolla el resto de la línea, así como la mejora y apertura de nuevas carreteras. A la par se desarrolla la instalación del telégrafo.

Llegado el año 1849 fue en el distrito de Linares-La Carolina donde se asentaron de forma más estable y organizada una serie de sociedades inglesas, que protagonizaron el aprovechamiento de los yacimientos mineros.

Desde 1849, año de la constitución de las primeras sociedades inglesas en Linares, la inversión foránea se va a multiplicar por la geografía peninsular, mostrando un progresivo dinamismo (Chastagnaret, 2000: 356). Se puede considerar que fue en dicha fecha cuando se produjo el pistoletazo de salida de un caudal financiero hacia los recursos nacionales que no paró de crecer a lo largo de la segunda mitad de la centuria.

¿Qué había cambiado para que se produjera este cambio de tendencia? La década de 1840 acaba con una nueva legislación minera, la Ley Minera de 1849, pero en la práctica este nuevo marco jurídico no supuso un gran cambio frente a la normativa anterior, ya que mantenía en esencia los mismos principios. (Pérez 2014: 20)

El proceso de colonización extranjera estaba maduro, así el año 1849 se constituyó la sociedad inglesa Linares Lead Co. Ltd., con una modesta inversión (45.000 libras) para explotar la mina de Pozo Ancho, bajo la dirección del ingeniero H. Thomas. Detrás de esta inversión estaba el grupo londinense Taylor, que acabará controlando la parte principal de las sociedades inglesas que actuaron en esta cuenca. A partir de la irrupción de esta compañía, se produce una reactivación tecnológica y productiva del distrito y se establece el primer gran grupo de inversión inglesa, que lideró la actividad minera y metalúrgica de Linares-La Carolina en las siguientes décadas. Los acontecimientos se sucedieron de manera rápida, destacando sobre todo en la primera etapa tres sociedades inglesas: la mencionada Linares Lead, Fortuna Lead (1854) y The Alamillos (1863), a la que se sumará La Tortilla de Sopwith. Los inversores franceses, de los que destaca la sociedad La Cruz, se quedaron rezagados en esta cuenca, ocupando una posición secundaria frente al dominio británico. (Pérez 2014: 21)
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miércoles, 24 de enero de 2018

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX (9)

 

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX


Más de dos años transcurrieron sin que las permanentes algaradas y conspiraciones alcanzasen grado de mención hasta que el veintiocho de junio de 1854, los generales



La operación  había sido planteada en su forma definitiva por O’Donnell, con la participación de Cánovas del Castillo, el 7 de julio de 1854, día en que los moderados hicieron público el Manifiesto de Manzanares.  En el mismo se postulaba una regeneración liberal y la convocatoria de cortes constituyentes, sin nombrar para nada a Isabel II. Con el objetivo de recabar el apoyo popular en base a unos principios políticos reivindicados por el partido progresista, tales como la ampliación del derecho de sufragio, el cambio de la ley de imprenta, la eliminación del impuesto de los consumos, la restauración de la Milicia Nacional, el fin de la corrupción de la camarilla palaciega, etc., el manifiesto animó los levantamientos populares en las ciudades que lograron derribar al Gobierno y hacer triunfar la revolución. El triunfo del manifiesto obligó a Isabel II a entregar el poder a Espartero, dando comienzo el bienio progresista (1854-1856).

La operación, que por haberse iniciado en el cuartel de Vicálvaro sería conocida como La Vicalvarada, respondía a una operación que estaba prevista para el día 13 del mismo mes, y que debió aplazarse por la indecisión de alguno de los principales comprometidos.

Con el pronunciamiento efectuado el 30 de junio de 1854 en Vicálvaro se inició el periodo conocido como el bienio progresista. La primera ciudad que se sumó al pronunciamiento fue Barcelona, destacando el papel que tuvieron los obreros en la sublevación que tuvo lugar en esta ciudad, con declaración de huelga indefinida. Se produjeron incendios en determinadas fábricas que utilizaban las llamadas selfactinas, que era un tipo de máquina de hilar, siendo asesinados ciertos dirigentes de estas fábrias. Dada la duración de la huelga, el capitán general de Cataluña prohibió las selfactinas. Es preciso señalar que Málaga también contó con una importante participación obrera en la sublevación que tuvo lugar con motivo de la “Vicalvarada”, produciéndose también una huelga que duró unos cuantos días. (Tormo: 11)
Este pronunciamiento dio lugar durante varios días a una verdadera revolución en Madrid con resultados muy relevantes en personas y edificios. Los revolucionarios asaltaron las casas de los nobles y de los Ministros del Gobierno. Importantes fueron los daños causados en los palacios del marqués de Salamanca y de María Cristina, que fueron asaltados e incendiados. Igualmente fueron asaltadas la casa del Ministro de Fomento, en la calle Prado con León y la del Ministro de Hacienda. Las barricadas se vieron por la zona de la Puerta del Sol, produciéndose numerosos asesinatos "populares". Destacado fue el linchamiento y maltrato público del jefe de la policía que acabó su vida siendo fusilado en la Plaza de la Cebada.
Los moderados luchaban entre sí. Los miembros a favor del gobierno y los que estaban en contra luchaban entre sí, aunque la disputa acabó en tablas. Aprovechando el pronunciamiento, se proclamaron juntas. La reina intentó sofocar las revueltas mediante una nueva táctica: Decidió llamar a Espartero (que estaba retirado y a pesar de su fracaso anterior era recordado como una vieja gloria nacional) y le ofreció la presidencia del gobierno
¿Cómo Espartero pudo convertirse nuevamente en el salvador de la patria y en la “espada de la revolución”, como ahora le llaman? Esto habría sido sencillamente imposible si España no se hubiera hallado durante diez años bajo la cruel dictadura de Narváez y no hubiera gemido bajo el yugo del favorito de la reina. (Marx 1929: 6)
La explicación a esta pregunta acaba de darla el propio Carlos Marx, que abona con su señalamiento la evidencia de lo que realmente había sucedido. La Vicalvarada, sí, había sido capitaneada por Leopoldo O’Donnell y Domingo Dulce, y también sí que fue dirigida por los intereses de Inglaterra y de Estados Unidos, a quienes había de complacer el gobierno de Luis José Sartorius, que se mantenía desde el 19 de septiembre de 1853. Y son esos mismos intereses los que pusieron al frente a Espartero.

Es necesario reconocer que Espartero, con la aureola de gloria tejida alrededor de su personalidad, en mayor o menor grado podía ser y debe ser considerado como el representante de los intereses británicos en España (Marx 1929: 7)

Si la década moderada puede darse por concluida el 30 de junio, no se puede hablar de inicio del bienio progresista hasta el treinta y uno de julio, cuando toma forma definitiva el Gobierno de coalición O'Donnell-Espartero. Previamente, el catorce de julio, se le suma un levantamiento progresista en Barcelona.

O'Donnell (que se había ocultado en Madrid durante las persecuciones contra liberales y diferentes sectores moderados en toda España), Dulce y Ros de Olano llevaron a cabo un pronunciamiento contra la corrupción.
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lunes, 8 de enero de 2018

FERNANDO VII, DESEADO Y FELÓN (7)

Pero la amnistía, al fin, no era más que otro clavo ardiendo de los que constantemente hizo uso Fernando VII para mantenerse en el trono; falto de apoyos populares, manifiestamente volcados con el pretendiente carlista, la corte y el gobierno eran perfectamente conscientes que

La amnistía representaba algo más que un generoso perdón a los emigrados, era una constatación de la debilidad de los defensores de Isabel II, y un reconocimiento de su incapacidad de hacer frente al carlismo sin el apoyo de los liberales. (Bullón 2002:4)

La verdad es que la actividad de Zea fue realmente exitosa.
…un político como él, que nunca despertó pasiones ni de uno ni de otro lado, realizo con eficacia y corrección la misión que él mismo se había propuesto: realizar la transición a la Regencia y que esta estuviera establecida sobre las mismas bases institucionales que la monarquía de Fernando VII” (Rújula 2008: 171), y en menos de un año presentó un panorama bien distinto al existente durante los sucesos de la Granja. Lo señala el embajador francés en el mes de Octubre, de este modo: “El infante y las dos princesas, que eran el alma de todas las combinaciones formadas en su favor, han abandonado España. Sus partidarios han sido alejados de todos los empleos, muchos se han exiliado o están prisioneros. El ministerio está compuesto de hombres contrarios sin duda a las innovaciones liberales, pero cuyos antecedentes y sus circunstancias recientes les colocaron en la imposibilidad de transigir con don Carlos, quien, después de diez años, tiene en ellos unos enemigos personales. El gobierno de las provincias está casi por completo confiado a militares no menos pronunciados en su oposición al infante, y cuyas tendencias son generalmente más liberales que las de los ministros. El ejército, que en ninguna época se ha mostrado partidario de las opiniones carlistas, está más alejado que nunca después de las depuraciones del año último. (Rújula 2008: 169)

Por su parte, Fernando VII, el 31 de diciembre de 1832 justificaría así su actuación en los “Sucesos de La Granja”:
Sorprendido mi Real animo, en los momentos de agonía, a que me condujo la grave enfermedad, de que me ha salvado prodigiosamente la Divina Misericordía firmé un decreto derogando la Pragmática sanción de veinte y nueve de marzo de mil ochocientos treinta, decretada por mi Augusto Padre a petición de las Cortes de mil setecientos ochenta y nueve para restablecer la sucesión regular de la corona de España. La turbación y congoja de un estado, en que por instantes se me iba acabando la vida, indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto si no la manifestasen su naturaleza y sus efectos.
Ni como Rey pudiera Yo destruir las leyes fundamentales del Reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como Padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy cara Esposa a los Españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el Reino entero estaba contra la observancia de la Pragmática y ponderando los torrentes de sangre y de desolación universal que habría de producir si no quedase derogada. Este anuncio atroz, hecho en las circunstancias en que es más debida la verdad por las personas más obligadas a decírmela, y cuando no me era dado tiempo ni sazón de justificar su certeza, consternó mi fatigado espíritu, y absorbí lo que Me restaba de inteligencia, para no pensar en otra cosas que en la paz y conservación de mis Pueblos, haciendo en cuanto pendía de Mí este gran sacrificio como dije en el mismo decreto, a la tranquilidad de la nación española.

Pero a nadie se le ocultaba que todo era una artimaña, y esto daba pie a que Carlos María Isidro se postulase por aquello que había venido rechazando desde que el 1 de Noviembre de 1826 se hiciese público el “manifiesto de los realistas puros”.

De este modo, cuando en 1833 fueron trastocadas las leyes fundamentales de la Monarquía Hispánica y se instituyó como  Princesa de Asturias a la princesa Isabel, se produjeron movimientos tendentes a que los jefes militares con mando en plaza no se adhiriesen al nombramiento, llegando al extremo de proponer al Conde de Villemur, gobernador de Barcelona,

fusilar a Llauder, que acababa de ser nombrado capitán general, en cuanto pusiese los pies en Cataluña, y llamar a las armas a las catalanes, unirlos a las tropas de línea que tenía a su disposición y marchar sobre Madrid para libertar a Fernando VII de la camarilla que lo rodeaba y lo acaparaba. (Lichnowsky 1942: 269)
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jueves, 4 de enero de 2018

EL DERECHO DE INDIAS (9)

EL DERECHO DE INDIAS (9)

Héctor Grenni nos señala que “son numerosas las leyes que abundan en este intento. Se pueden ver las leyes de Carlos I de 1551, indicando que se permita a los indios criar toda especie de ganado; la ley de 1609 de Felipe III, indicando que se permita a los indios labrar sus tierras; las leyes de Carlos I de 1521, 1523 y 1534, indicando que se permita a los indios comerciar con los españoles; las leyes de Felipe II de 1571 y 1572, indicando que los indios puedan vender sus haciendas con autoridad de justicia; las leyes de Carlos I de 1552 y de Felipe II de 1563, indicando que los Indios puedan hacer sus tiangues, y vender en ellos sus mercaderías; las leyes de Carlos I de 1551 y Felipe III de 1609, prohibiendo que no se haga concierto sobre el trabajo, y granjerías de los Indios. Todas ellas defienden los derechos de los indios frente al posible abuso por parte de los españoles.”



“La Recopilación de 1680 también intentó salvar algunos elementos culturales, como la disposición de que los Gobernadores de Indios de Tlaxcala sean naturales y que puedan escribir al rey, como lo prescribe Felipe II en 1585 y 1594; o la disposición que a los Indios de Guazalco se les guarden sus privilegios, y sean favorecidos, como lo prescribe el mismo Felipe II en 1583.” 

Las leyes de Indias amparan todos los ámbitos del derecho, y especialmente se centran en la protección del indio. Así, Felipe II, en 1566 promulgó una ley que venía a perfeccionar las preexistentes, llevando a extremos que llaman la atención: “nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores de las Indias no consientan ni den lugar a que los Prelados apremien a los indios a que les traigan a cuestas los diezmos que les pertenecieren, aunque digan que lo quieren hacer de su voluntad, ni que lo haga otro ningún vecino, y tengan de ello muy gran cuidado, porque deseamos relevar a los indios del trabajo.”

Y se cumplieron estas leyes, tan estrictamente que dieron lugar a denuncias por parte de españoles ante los excesos llevados a cabo por los indígenas; denuncias que eran atendidas con bastante más diligencia de la aplicada por la Inquisición ante una denuncia de herejía.

Las Leyes de 1563, dictadas por Felipe II rezaban: “Uno de los mayores cuidados, que siempre hemos tenido es, procurar por todos los medios, que los Indios sean bien tratados, y reconozcan los beneficios de Dios nuestro Señor en sacarlos del miserable estado de su Gentilidad, trayéndolos a nuestra Santa Fe Católica, y vasallaje nuestro. Y porque el rigor de la sujeción, y servidumbre era lo que mas podía divertir este principal, y mas deseado intento, elegimos por medio conveniente la libertad de los naturales, disponiendo, que universalmente la gozasen, como está prevenido en el título que de esto trata, juntando esto a la predicación y doctrina del Santo Evangelio, para que con la suavidad de ella fuese el medio mas eficaz; y conviene que a esta libertad se agregue el buen tratamiento: Mandamos a los Virreyes (…) y castigando a los culpados con todo rigor, y poniendo remedio en ello, procuren que sean instruidos en nuestra santa Fe Católica, y muy bien tratados, amparados, defendidos, y mantenidos en justicia, y libertad, como súbditos, y vasallos nuestros, para que estando con esto la materia dispuesta, puedan los Ministros de el Evangelio conseguir mas copioso fruto en beneficio de los naturales, sobre que a todos les encargamos las conciencias.”

Venimos señalando que se produjeron quejas de los españoles al considerarse maltratados por unas leyes que favorecían al indio en detrimento del español. Sobre el asunto nos da luz Héctor Grenni: “El maltrato no debía ser un obstáculo para la cristianización de los indios. Por ello, y dado que éste era ‘uno de los mayores cuidados’ y el ‘principal y mas deseado intento’ de la Corona, el buen trato era objeto constante de legislación. Asimismo, la libertad prepararía el ánimo de los indios, dejándolos dispuestos para recibir la fe cristiana.
Este intento de protección llevaba incluso a castigar con mayor severidad los delitos cometidos contra los indios, que los cometidos contra los españoles; y a un sinnúmero de ordenanzas particulares, como la disposición de enviar visitadores cuando no cesaren los agravios contra los indios, o la disposición de que los indios de Chile sean bien tratados y ‘doctrinados’, o la disposición de que ningún español ande en ‘amahaca’ sostenido por indios, o que no hagan ropa para ministros o curas, o, incluso, la curiosa disposición de que los Curas y Religiosos traten bien á los Indios.”


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viernes, 1 de diciembre de 2017

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXX)

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

En cuanto a las otras vías de comunicación, en 1802 se había acometido la remodelación de los caminos, pero primero la guerra detuvo el desarrollo de la obra y luego la restauración de Fernando VII llevó al cierre de la Escuela de Ingenieros Civiles y al apartamiento de Agustín de Bethencourt y Molina, alma del proyecto, que no volvería a ser efectiva, merced a la permanente conflictividad militar.

También en 1835 se había creado el Cuerpo de Ingenieros Civiles y el de Ingenieros de Minas, pero como queda dicho, el desarrollo de la guerra significó también en este caso una importante ralentización que tendría fin desde el final de la primera guerra carlista.

Así,  finalizada la guerra, en 1840 se acometió una profunda reestructuración de los caminos y en 1843 se procedió a la construcción de la línea férrea Barcelona-Mataró al tiempo que se planteaba la línea Madrid-Cádiz y Madrid-Avilés. Eso sí, con capital francés e inglés respectivamente.

Pero otros proyectos quedaron sin realizarse hasta que en 1855 se reguló la estructura mediante la Ley General de Ferrocarriles, que garantizaba rentabilidad para los capitales invertidos y autorizaba la libre importación de los productos relacionados con su construcción, lo que significó una mayor dependencia del capital extranjero, que acabó trastocando el proyecto, ya que no se cumplió la idea nacional de enlazar la periferia, sino más bien la idea economicista de los grupos inversores, que estaban más interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos, lo que dio lugar al aislamiento de importantes sectores, como Galicia.

La Hacienda había dilapidado los fondos recaudados con la desamortización, se encontraba endeudada con sus protectores, especialmente ingleses, e incapaz de atender los pagos se mostraba exhausta, por lo que en 1845 procedió el gobierno a modificar el sistema impositivo, sin por ello hacer mejorar sensiblemente la situación.

La recaudación de tributos, a pesar de la reforma fiscal de 1845, resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la Hacienda, y su discurrir más bien se vinculó a la evolución de la renta. Los gastos estuvieron, por su parte, condicionados por el pago de intereses de esa deuda, que representó entre el 20 y el 60 por cien de los desembolsos. (López Morell: 599)

Era el momento para que los Rothschild, que ya tenían parte de la tarta, derivasen sus objetivos hacia los ferrocarriles y hacia la minería.
Y es que había jugo que sacar…

De la importancia de la producción plumbífera baste decir que figuró en cabeza de nuestras exportaciones minerales durante todo el siglo XIX, seguida del cobre y el hierro, y no superada por este último hasta la centuria siguiente. (Vilar 1983:111)

La irrupción del plomo español en el mercado internacional arruinó la hegemonía detentada hasta entonces por el metal inglés. Tal primacía se mantuvo hasta los años de 1880 en que los excedentes norteamericanos desbancaran a la producción peninsular.
La comercialización del metal español –exportado generalmente en barras- fue controlada, empero, por compañías británicas y francesas. (Vilar 1983:112)

El control del mercado internacional del plomo fue ejercido por Inglaterra desde medíados del siglo XVIII, sustituyendo en gran medida a Francia [Chastagnaret, 1992]. Este control británico se organiza desde los centros de consumo, a partir de la principal ciudad importadora, Newcastle-on-Tyne y, en menor medida, de Swansea y Londres. (Álvarez 2014: 982)

La superproducción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio cuasimonopsónico ejercido por los importadores ingleses que controlaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos, de otro, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores de plomo de bastantes países, entre ellos España. (Álvarez 2014: 983)

La dependencia de Inglaterra queda manifiesta en estos datos de 1922, donde los cálculos, por lógica, se efectúan en libras esterlinas:

Tomando como ejemplo la reseña de 8-1-1922 [RM, enero de 1922: 241, el esquema de cálculo de la tarifa para el mes corriente es el que sigue:
Plomo: al contado, 25.6.5.114 £; a plazos, 24.12.9.314 £; precio medio,
24.19.7.112 £; en decimales, 24,98 £.
Cambio medio de la libra en el mes de diciembre de 1921: 28,365 pesetas.
Deducciones de mercado: por comisión, 1 por 100; por seguro 112 por 100.
Por derechos de ría y ensayos: 4 chelines por tonelada inglesa.
Fletes: 11 chelines por tonelada inglesa. (Álvarez 2014: 975)



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viernes, 24 de noviembre de 2017

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX (8)

 

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones en el siglo XIX


Nuevamente reinó la calma en los cuarteles durante ocho meses, gracias a la represión y al soborno, armas utilizadas magistralmente a lo largo de los doscientos dieciséis años de este malhadado siglo XIX. Pero como la estructura para desintegración de España no la tenían perfectamente diseñada a estas alturas, el 1 de Enero de 1847 se produjo un nuevo pronunciamiento por parte del general de Eroles.



En medio de todo este embrollo, la corona no era ajena, y las críticas más ponderadas a la situación eran presentadas en mayo de 1847 por Jaime Balmes, uno de los pocos pensadores que sobrevivían en la hecatombe, como sigue:

La reina está en minoría, la Constitución es reciente, grandes y antiguas instituciones o han desaparecido del todo o han sufrido considerable menoscabo, la administración está completamente desorganizada, la legislación es un caos, el déficit un abismo, la guerra civil ha dejado en pos de sí horribles regueros de sangre y de ceniza, las revueltas y los escándalos han esparcido por doquiera abundante germen de inmoralidad y desorden” (Balmes 1950: 30 vol 6)

Las nuevas instituciones políticas se falsean más o menos en todas las revoluciones; pero la española en particular ha ofrecido en este punto ejemplos tan singulares que bien puede asegurarse no hay otra que pueda disputarle la ventaja. Por no extenderme demasiado me ceñiré a un solo ejemplo. ¿Qué puede haber de más amplio en pro de las facultades populares que la Constitución de 1812? ¿Qué código le lleva la delantera en asentar y aplicar doctrinas democráticas, en consignar derechos, en disposiciones a propósito para revolver las masas y llamarlas a tomar parte en materias de gobierno? Y, sin embargo, está fuera de duda para todo hombre imparcial y entendido, que nunca fue menos consultada la voluntad del pueblo español y nunca fue menor su influencia en los negocios públicos que en las breves épocas en que ha estado en vigor aquel código. (Balmes 1950: 28 vol 6)

Treinta años de inquietud y de revueltas, tanta huella de sangre y tantos montones de ruinas, manifiestan bien a las claras que hay en España alguna gravísima causa de enfermedad: causa profundamente arraigada, ya que es tan duradera; causa poderosa y muy dañina, cuando se ha señalado con tan terribles estragos. No es menos evidente que los remedios hasta ahora empleados para combatirla, o han sido mal escogidos o al menos mal aplicados; puesto que no sólo no ha desaparecido el mal, pero ni siquiera ha menguado en fuerza; antes al contrario, ha ido tomando siempre creces, presentando en cada época de su nuevo desarrollo síntomas más alarmantes y destrozos más terribles. O se ha de cortar el mal en su raíz o la nación perecerá. (Balmes 1950: 31 vol 6)

Análisis desolador. ¿Análisis derrotista? Análisis exacto, a lo que vamos viendo. Pero el mal, lejos de cortarse, se ha ido fortaleciendo con el paso de los años y con la complacencia de las potencias… “amigas”.

Que el 4 de Mayo de 1847 Isabel II sufriese un atentado frustrado no tiene nada de particular atendiendo las circunstancias.

El tres de septiembre de 1847 es amnistiado Espartero, que vuelve a España y es nombrado senador vitalicio.

Ramón Mª Narváez implanta una dictadura. El 4 de octubre de 1847 da un golpe de estado contra el gobierno de Francisco García Goyena, que durará tres años (con el breve paréntesis del gabinete de Cleonard).
.
Durante su mandato sofocó los motines callejeros callejeros y los pronunciamientos militares, que se dieron a lo largo del siguiente año, y cuyos momentos más relevantes se concretaron, el 26 de marzo de 1848 en Barcelona, y el 7 de mayo en Madrid, donde se produjeron sendas sublevaciones republicanas que fueron duramente reprimidas, naturalmente con el colofón de un rosario de fusilamientos.

Dos años de salutífera discordia pasaron sin conspiraciones de menor índole hasta que el 2 de Febrero de 1852 se produjo un atentado contra Isabel II por parte del cura Martín Merino, que nada tiene que ver con con Jerónimo Merino Cob (Burgos, 1769 - Alençon 1844 ) héroe nacional y guerrillero  en la lucha contra los franceses durante la guerra de la Independencia. Isabel II salvó la vida gracias a que el corsé le sirvió de coraza en una puñalada que apuntaba ser mortal.

Con firmeza confesó su delito, declarando que sólo él lo había meditado y que no tenía cómplices; y condenado a muerte en garrote vil, marchó al patíbulo, atravesando una inmensa concurrencia, más sereno, más impasible que todos cuantos presenciaron su suplicio. El Gobierno mandó quemar el cadáver y aventar las cenizas del regicida. (Orellana, II: 404)
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martes, 14 de noviembre de 2017

SIGLO XIX: OBJETIVO, LA DESTRUCCIÓN DE ESPAÑA (8)


El 7 de julio de 1873, se convoca en Alcoy huelga general y se exige la dimisión de la corporación municipal, que sería relevada por una comisión de internacionalistas, lo que acabó ocasionando un enfrentamiento armado en el que los guardias municipales ocasionaron un  muerto y varios heridos, tras lo cual comenzaron a construirse barricadas para aislar al ayuntamiento, mientras los que se encontraban en el interior de éste se preparaban también para su defensa…/… los internacionalistas también fueron a casas de fabricantes y propietarios para confiscar armas, dinero y alimentos. Además, el petróleo comenzó a ser recogido de las distintas tiendas para incendiar el edificio del ayuntamiento y exigir la rendición de Albors y de quienes le acompañaban…/… (Jordá 2013: 4)



El alcalde, Agustín Albors, era republicano revolucionario, pero se opuso a las exigencias de los amotinados, que acabaron asaltando el ayuntamiento y asesinándolo.

Lo que empezó en una manifestación pacífica terminó en graves disturbios en la ciudad, incitados por la Comisión Federal con el ánimo de encender una chispa revolucionaria. Aunque los acontecimientos son algo difusos vistos en retrospectiva y las versiones difieren de las causas y los resultados, es sabido que el 7 de julio se convocó una huelga masiva demandando mejoras laborales. A los dos días, viendo el tono que alcanzaban las protestas, los propietarios se reunieron negándose a ceder ante las peticiones. El alcalde, superado por la situación, hizo llamar a las tropas del gobernador que se enfrentaron a los manifestantes, al parecer llegándoles a disparar. El motín que se produjo a continuación se saldó con la quema de fábricas, propiedades y hasta el ayuntamiento. El día 12, justo antes de llegar el ejército, muchos de los insurrectos abandonaron la ciudad. En esos pocos días se inició un proceso colectivista, eliminando la propiedad privada. Fue la revuelta española más fiel a los ideales de la Comuna de París. (Ruiz 2013: 22)

Sin duda, la causa que hizo posible la insurrección popular fue el complejo proceso de lucha que se inició en las fábricas alcoyanas con la destrucción de máquinas el año 1821.

La huelga general contó con el apoyo mayoritario de los trabajadores, y la comisión federal se encargó de propagar el levantamiento en los pueblos de la comarca. Fue una de estas comisiones la que acabó gestando el asesinato del alcalde Agustín Albors, cuando, al comunicarle las reivindicaciones de los revolucionarios, las estimó exageradas y puso el asunto en conocimiento de los patronos.

El día 8 de julio la conflictividad fue general; siguiendo los dictados de la Internacional, los piquetes impidieron que aquellos trabajadores que querían acudir al trabajo cumpliesen su objetivo. Fue entonces cuando Agustín Albors telegrafió al gobernador civil pidiéndole tropas al tiempo que emitía un bando exigiendo a los trabajadores su vuelta al trabajo, al tiempo que denunciaba las manipulaciones políticas de los agentes de la Internacional.

Como consecuencia, el día nueve, en asamblea celebrada en la plaza de toros, se solicitó la dimisión del ayuntamiento y su sustitución por una junta, para lo que, apoyando esta imposición, una gran manifestación ocupó la plaza del ayuntamiento mientras diversos piquetes apresaban a quienes consideraban desafectos, a quienes utilizaban para forzar la rendición de quienes, desde el ayuntamiento se les enfrentaban.

Finalmente acabaron provocando un incendio en las casas que rodeaban el ayuntamiento, siendo que el día 10 por la mañana, los guardias municipales que resistían desde el campanario de la iglesia de Santa María, rindieron las armas al haberse quedado sin munición.

Dueños los revoltosos de la ciudad, procedieron al asesinato de quienes se habían rendido, logrando finalmente hacerse con el ayuntamiento, tomando preso al alcalde Albors. Finalmente el alcalde sería asesinado por los huelguistas, que arrastrarían su cadáver por las calles mientras asesinaban a un total de dieciséis personas y secuestraban a otras.

Ante estos hechos, numerosos diputados de la fracción intransigente que formaban parte de la Junta de Madrid abandonaron la capital y se marcharon a Cartagena, ciudad de fácil defensa que en fechas anteriores ya había protagonizado acciones de revueltas con el firme propósito de iniciar una sublevación cantonal.

Fue necesaria la intervención del ejército, quién al mando del general Velarde restableció el orden el día trece. Cuando Alcoy fue sometida estalló la insurrección en Cartagena, objeto de otro capítulo.

Llegado el año 1874, con el golpe de Pavía en enero, la AIT en España quedó oficialmente disuelta y, hasta el 1881, todas las sociedades obreras serían ilegales.

Con el decreto del 10 de enero de 1874, la Internacional pasaba a ser una organización clandestina  hasta el año 1881, momento en el que llegaron al poder los liberales, que permitieron el resurgimiento de la Internacional, que se transformaría en una nueva organización: la Federación de Trabajadores de la Región Española. (Tormo: 26)
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