convivían defensores de la monarquía absoluta: Zea (Estado), Monet (Guerra) y Cafranga (Gracia y Justicia); y del liberalismo moderado: Encima (Hacienda) y Ulloa (Marina). Contaban sin embargo con un rasgo común: su decidida defensa de la princesa Isabel como heredera del Trono y su oposición a don Carlos. Por ello, nada más llegar al poder, se iniciará un amplio cúmulo de medidas encaminadas a depurar la administración civil y militar de todos los sospechosos de carlismo, y a controlar al máximo los resortes del gobierno. Mientras duro la ausencia de Zea, que se encontraba fuera de España, el predominio del sector más liberal fue completo, y se adoptaron medidas que este tal vez no hubiera aprobado, y que dieron lugar a amargas quejas del ministro de Justicia. (Bullón 2002: 3)
La importancia de los acontecimientos y el conocimiento que del pensamiento general tenía el nuevo gabinete lo llevó a efectuar una rápida actuación, procediendo a marginar a todo aquel que albergase alguna simpatía por Carlos María Isidro, así,
la depuración a la que va a ser sometido el ejército desde diciembre de 1832 es sin duda la más importante que se haya efectuado sobre unos cuerpos que no habían sido vencidos en el campo de batalla, que no se habían alzado contra el gobierno, y que hasta la fecha habían servido fielmente a su Rey. (Bullón 2002: 22)
Pero si diciembre fue esencial en el desarrollo de la depuración, ésta comenzó dos meses antes. El día 28 de octubre de 1832, Espartero recibió mando en tropa: coronel del regimiento de Soria, en Barcelona, donde dedicó el tiempo a perseguir enemigos del rey. A este nombramiento seguiría un rosario de destituciones en todos los ámbitos de la vida nacional, cuyos puestos serían ocupados por personas de la confianza del liberalismo. La guerra quedaba servida.
Como contrapartida, en un extenso manifiesto fechado el 3 de diciembre de 1835, entre otros asuntos señalaba Cea Bermúdez las motivaciones de estos actos y procuraba calmar los ánimos de los disconformes señalando que:
S. M. la Reina, conservando las bases que la sabiduría del Rey nuestro señor ha sentado como reglas fijas de su gobierno , y persuadido de que los españoles fundan un doble orgullo en ser a todo trance fieles a sus soberanos y sumisos a las leyes , se declara enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa o política que se intente suscitar en el reino, o introducir de fuera para trastornar el orden establecido, cualquiera que sea la divisa o pretexto con que el espíritu de partido pretenda cubrir sus criminales intentos. Mas no por eso debe entenderse que S. M. se negará a adoptar en los diferentes ramos de la administración pública aquellas mejoras que la sana política, la ilustración y los consejos de los hombres sabios y verdaderamente amantes a su patria indiquen como provechosas; así como, reconociendo que la perfección sólo es dada al supremo Criador , y que todo lo que sale de las manos de los hombres es incompleto; S. M., que solo se propone el acierto, no repugnará tampoco el revocar o modificar sus providencias cuando la experiencia le demuestre su insuficiencia o desventajas. (Incógnito 1844: 102)
Manifiestamente utilizaba los principios liberales que permiten el uso de la mentira. Ostensiblemente influenciado por pensadores liberales como Phillip Hughes, quien asevera que en contra de nuestros malditos oponentes todos los medios están justificados, mentiras, traición, manipulación de las leyes aunque sean contradictorias, emitía semejantes juicios hablando de “sana política”, de voluntad de respetar el orden establecido, de patria… mientras sus actuaciones, rápidas, decididas e incontestables, acababan con todo lo que con la palabra decía defender.
La primera cuestión que pusieron en marcha (prácticamente cada una de ellas era la primera), fue el decreto de amnistía, respecto a la cual, el barón de los Valles señalaría que
esta fatal medida política llamó de nuevo a España a cerca de mil doscientos liberales exaltados, a quienes el destierro no había hecho más que confirmar en sus opiniones, y que diseminados por todas las provincias, propagaron en ellas sus principios destructores. Lejos de mirar la amnistía como un acto de clemencia, la atribuyeron al temor que el Gobierno tenía a su partido; y decían en alta voz que no eran ellos los que debían ser amnistiados, sino el mismo Fernando VII, por haber violado sus juramentos destruyendo la constitución que había jurado, y haber perseguido de muerte a los que habían obedecido sus órdenes, e imitado su ejemplo. (Rújula 2008: 153)
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