sábado, 1 de junio de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (Y XXXIX)



 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias.

En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas provincias y ciudades a otras en un 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía las diferencias son del doble, y en el caso de algunas provincias andaluzas estas pueden oscilar entre el 100% y el 140%. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%.(González 1998: 220)

Esta situación, también lógicamente, repercutía en la productividad. Así, en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc.

Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados, no adquirían el material nacional, sino que por el contrario, lo importaban de Inglaterra y de Francia, no incumplían la ley y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, quedaba en España.

La tercera intentona carlista había fracasado en 1876, y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización del mundo laboral.

La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día, hecho que se acentuaría en los 1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo tanto como la conflictividad social. (Ruiz 2013: 27)

En ese sentido, en 1881 se inauguró la primera línea férrea en Puerto Rico… con capital británico (con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes)

En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en una nueva deuda, al 4 por cien de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que

En total, desde 1830 a 1900, la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público, colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas líquidas y transfirió un total de 348 millones de pesetas al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el Sexenio Revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. (López: 623)

Ninguna de las circunstancias señaladas pasada desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James M. Swank. (Secretario de la AISA), en su  Informe anual de la asociación, escribía en 1882.

Este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aún gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga; los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles: se van con los minerales.

 La situación llegó a al extremo…

el pago de los intereses de la Deuda pública y particular, motivó en el año 1883 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales del S. XIX. (Alonso 1995: 86)

Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crean nuevos problemas cuando intentan solucionar otros mientras vigilan que el movimiento no perjudique los intereses de sus protectores. Así…

La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional. (Ventoso 2014: 2)

Huérfana España de su legislación, de su industria, de su comercio, de su ejército de su marina, languidecía en la indigencia. En este momento y en base a la encíclica “Rerum Novarum”, la Iglesia da la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios y crea algo que, de haber perseverado en el empeño hubiese podido generar alguna solución: los Círculos Católicos Obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más cien gremios de labradores así como Escuelas Profesionales de Aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.
 
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lunes, 1 de abril de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXVIII)


ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley del 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8 por 100 de interés y 5% de amortización anual - es decir, veinte años- con la garantía del producto de la realización de los pagarés de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de Deuda Consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la Caja de Depósitos.

En cuanto a las aduanas, como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impusieron una segundas aduanas en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.

Con toda esta actuación, el estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París,  consiguiendo aplazar su vencimiento con unos nuevos intereses del 12 por 100, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando interés del 6 y 7 por 100. La Banca Bauer también negoció con el gobierno republicano, al entregarle 44 millones de reales al 9 por 100 anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén.

Cierto que la República tan sólo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron, fue patente.

La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapa un caso de corrupción:

estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3 por 100 interior presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el departamento de emisión de la dirección general de la Deuda Pública. (Toro 1997: 308)

¿Un caso de corrupción?... Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien, el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizás, el primer motor del sistema. Las dependencias de potencias extranjeras, manifiestas, en este sentido no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia… pero eso no basta para aseverar que era corrupción.

Quién sí queda ciertamente retratada es la regente Maria Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos.

Todas estas maquinaciones económicas, evidentemente, tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la Restauración en 1876, equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado.

En 1876, la Deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas (cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas). A lo largo del período de 1850-1890 -40 años- el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la Deuda pública, el 32.3%: el equivalente a 8.270 millones de pesetas. (González 1998: 217)

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viernes, 1 de febrero de 2019

LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA (XXXVII)

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia, y como hemos señalado, la venta del subsuelo era, en el momento de producirse, ilegal, pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas.

La Ley de Minas de 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales. Las minas  fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras.

Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander, por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona. En 1871 la empresa inglesa The Cantabrian Iron Cia. creó en Sestao el primer alto horno (San Francisco), el éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, así surgen la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A.

Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo; así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873.

Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873 (año de la primera república) las arcas del estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores, y para solucionar el problema, las cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos conceptos: Importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes…y finalmente sobre los huecos de las fachadas (puertas, ventanas), fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante.

¿Qué impuestos extraordinarios se crearon?: el llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a Ultramar, y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado, al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matriculas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello, tuvieron que contribuir en este caso de modo excepcional.

Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% el hierro y la hulla, y con un 5% el resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879 cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre entre Chile por una parte (con apoyo subrepticio británico, incluida la armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas), y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiado: Inglaterra.

Además, los Ayuntamientos tenían que entregar el 5% de su presupuesto de ingresos, pudiendo elevar éste en la cantidad del impuesto.

Pero si los políticos tienen una virtud es la de encontrar ocasión para sacar dinero, así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades; así un coche de dos caballos o más, en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes.

El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que, extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual  todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la puerta de Madrid pagaba ocho pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1000 habitantes pagaba una.

Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión.
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