ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter toda la Hispanidad, salvaba la piel de los políticos, que entregaban España, atada de pies y manos, a sus enemigos (los de España), si bien a sus amigos o amos (los de los políticos). La dependencia económica seguía su curso: El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado… en Londres. Al propio tiempo, quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlanger y Cia., siendo que, como anticipasen cinco millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%.
Pero como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad… Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores.
La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente dada la reiteración del acontecimiento,
el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años de 1870, que termina controlando, y con una vocación cuasi colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, de casi subsistencia, y una tributación ridícula. (González 1998: 202)
¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto? En 1870 firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.
Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quién en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Rio Tinto. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.
Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. Tres años antes el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época establecido en 92,8 millones de pesetas. El negocio se consumo con el traspaso a un consorcio ingles organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson (c. 1820-1898), que constituyo la sociedad The Rio Tinto Company Ltd (en adelante, RTCL) para la explotación de los yacimientos. Fue una operación inusual ya que en la minería española hasta entonces se explotaban “concesiones” que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en 1873 se produjo la venta del conjunto (cerca de diez mil hectáreas) de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. (Martinez 2014: 3)
Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aún a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias, por ejemplo…
La emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las 'teleras'
emitían, un método prohibido en su país a mediados de siglo, provoco la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de RTCL. En pleno auge minero llego a calcinarse más de dos millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. (Martinez 2014: 6)
La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen, siendo que en 1888 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles saldaron con la muerte de doscientos manifestantes de Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina ¡que exoneraba de culpabilidad a los británicos aseverando la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos! La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada.
Y es que la Rio Tinto Company Limited, era una sociedad inglesa que funcionaba, no con arreglo a la legislación española sino con arreglo a la legislación británica.
